CEACCU reclama que la Tarifa del Último Recurso no traiga un nuevo incremento del recibo eléctrico

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Los consumidores pagan ahora la electricidad un 17% más cara que en diciembre de 2007


6 de abril de 2009.- El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que se regula la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) y se elimina la actual tarifa integral eléctrica, fijando las bases de lo que será la liberalización plena, efectiva el próximo 1 de julio. La norma aprobada, tal y como CEACCU había anticipado el pasado miércoles, establece el límite para acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR)  en 10kW y no en los 15 Kw.,  potencia también considerada de uso doméstico. De este modo, Industria deja fuera de lo que será la única tarifa regulada a entre 1,5 y dos millones de hogares (según datos de la Comisión Nacional de la Energía -CNE-), entre ellos, buena parte de los que tienen un contrato de suministro con discriminación horaria. CEACCU se ha dirigido a Industria valorando los problemas que este proceso puede traer a los consumidores y planteándole sus demandas más urgentes, teniendo en cuenta que el suministro eléctrico es un servicio esencial para las familias: 1.- El precio de la Tarifa de Último Recurso. En este momento Industria lo negocia con las compañías, sin la participación de las Asociaciones de Consumidores. CEACCU reclama que su precio no sea superior a la actual tarifa integral eléctrica y que no se aproveche la liberalización definitiva para traer consigo una subida adicional. CEACCU recuerda que ya los consumidores pagan la electricidad ahora un 17% más cara que en diciembre de 2007. CEACCU también es contraria a que la TUR asuma parte del llamado «déficit tarifario». 2.- Existencia de ofertas reales. Debe garantizarse que la liberalización traiga consigo competencia en los precios de la electricidad, si se espera que este proceso beneficie en algo a los usuarios. Sin embargo, esa competencia, hoy por hoy, no se está dando: La CNE acaba de publicar los resultados del análisis realizado sobre las ofertas de suministro de electricidad y de gas que las empresas comercializadoras están ofreciendo en la actualidad a los consumidores españoles. El estudio pone de manifiesto lo complicado que resulta para un consumidor comparar una eventual oferta con la tarifa regulada y lo escaso del ahorro: con la oferta más competitiva el ahorro sería de 8 euros al año para un consumidor medio (electricidad para iluminación y fuerza).   3.- Información al consumidor. CEACCU considera que el método elegido para informar a los consumidores, de aquí al 1 de julio, ante un cambio tan complejo (una carta que enviarán las compañías a los usuarios) no puede ser más precario y no asegura que el consumidor disponga de información suficiente para acceder con garantías al mercado liberalizado. Tampoco es una alternativa fiable la Oficina de Cambios de Suministrador, gestionada en exclusiva por las propias compañías (sin participación ni de los consumidores, ni de la Administración) 4.- Atención de las reclamaciones. CEACCU teme que el reparto de papeles entre distribuidoras y comercializadoras genere dificultades a la hora de exigir responsabilidades en caso de irregularidades en la prestación (interrupciones, problemas con la facturación…) y confusión en el consumidor acerca de qué compañía le está prestando cada servicio. Además, CEACCU, que viene denunciando el deterioro paulatino en los servicios de atención al cliente con la desaparición de las oficinas abiertas al público, teme que con la liberalización esta tendencia se agudice. CEACCU solicita el desarrollo Reglamentario de la Ley del Sector Eléctrico que prevé el establecimiento de un método extrajudicial de resolución de conflictos para la protección de los consumidores. Por lo que insta a la Administración a promover la adhesión de las compañías al Arbitraje de Consumo. 5.- Usuarios domésticos con potencia contratada superior a los 10 kW. Estarán «obligados» a buscar una oferta en el mercado liberalizado si no quieren que su suministro pase automáticamente a ser asumido por una comercializadora, que le aplicará un precio un 5% superior y que se irá incrementando con el tiempo, tal como avisa el modelo de carta que las eléctricas harán llegar a los usuarios.